El Ayuntamiento de Barakaldo ha vuelto a fracasar en un intento de renovar la privatización de un servicio municipal. Es la cuarta ocasión en lo que va de año y esta vez ha correspondido a los vigilantes que se encargan de la seguridad en el edificio consistorial y otros equipamientos municipales, como casas de cultura y polideportivos. En los meses pasados tampoco fue posible encontrar quien quisiera asumir las cafeterías de los polideportivos de Lasesarre y Gorostiza ni tampoco ha habido ninguna empresa que pudiera cumplir los requisitos exigidos por el Consistorio para colocar los juegos infantiles en el parque de Lukizaga. En el caso de la seguridad, el proyecto de contratación provocó polémica entre el gobernante PNV y su socio, el PSE, que se unió al sindicato Comisiones Obreras para acusar a los nacionalistas de plantear unas condiciones que precarizaban las condiciones laborales de los empleados de la contrata municipal. De hecho, la organización de trabajadores llegó a afirmar que se había calculado mal el precio propuesto para la contratación: 920.000 euros anuales, IVA incluido, con una plantilla de 29 personas.
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