• Los menores y sus padres han sido reubicado en otro piso del Ayuntamiento durante cuatro meses para que puedan gestionar la renta de garantía de ingresos (RGI) y así alquilar un piso • Los otros dos adultos se han quedado "en la calle" • Operarios municipales, antes de tapiar el acceso al piso, han sacado los bienes de las familias • Han situado el camión de 'traslados y festejos' para que no se observara del desalojo •
El Ayuntamiento de Barakaldo ha desalojado y tapiado un piso municipal en la calle Murrieta en el que residían desde septiembre una familia con tres hijos y dos adultos que, tras ser deshauciados, accedieron al inmueble del consistorio que llevaba cerca de dos años vacío. En el caso de los menores y sus padres, la institución local les ha facilitado otra vivienda por un periodo de cuatro meses, mientras que las otras dos personas se han quedado "en la calle", sin casa ni disponibilidad de dinero para poder hacer frente a un alquiler, según han explicado los afectados. La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha defendido que la intervención "no es un desahucio" sino la "recuperación de un bien público municipal ocupado ilegalmente". Además, ha asegurado que este desalojo es una "obligación legal" de la Corporación y ha advertido de que "la patada en la puerta no puede ser la forma de acceder a los recursos públicos". La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, a cuya movilización se han unido representantes de EH Bildu e Irabazi, sí ha calificado los hechos como un "desahucio" y ha denunciado que las familias recibido la notificación de desalojo "con nocturnidad y alevosía" sólo 12 horas antes de que se ejecutara su expulsión de la vivienda. Al respecto, Del Campo ha alegado que la policía local intentó la notificación cinco veces durante el día. Berri-Otxoak ha criticado además que "a dos personas el Ayuntamiento de Barakaldo les está desahuciando y dejando en la calle". En este caso concreto, la alcaldesa afirma que los servicios sociales le han concedido una ayuda económica para que hagan frente a un alquiler, pero los afectados no han recibido el dinero en su banco o bien ha quedado embargado por deudas anteriores, de las que casi la mitad del importe corresponde al Consorcio de Aguas. Amaia del Campo ha afirmado que estas familias no habían pedido ayudas sociales previamente a este caso y que "es difícil ayudar a quien no se deja ayudar". Así mismo ha sostenido que la defensoría del pueblo vasco —Ararteko— "da por buena toda la actuación de los técnicos del Ayuntamiento" en este expediente.
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> 20/10/2015. La alcaldesa critica a la familia okupa con hijos y dice que otras 40 también esperan vivienda social
> 19/10/2015. Barakaldo niega el empadronamiento a la familia con cinco hijos que ocupa un piso municipal vacío
> 09/10/2015. "Todo lo que pedimos es una vivienda digna para que nuestros hijos no se queden en la calle"
> 08/10/2015. Decretado el desalojo de 3 familias okupas con cinco menores de un piso municipal vacío 2 años
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El Ayuntamiento de Barakaldo ha desalojado y tapiado un piso municipal en la calle Murrieta en el que residían desde septiembre una familia con tres hijos y dos adultos que, tras ser deshauciados, accedieron al inmueble del consistorio que llevaba cerca de dos años vacío. En el caso de los menores y sus padres, la institución local les ha facilitado otra vivienda por un periodo de cuatro meses, mientras que las otras dos personas se han quedado "en la calle", sin casa ni disponibilidad de dinero para poder hacer frente a un alquiler, según han explicado los afectados. La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha defendido que la intervención "no es un desahucio" sino la "recuperación de un bien público municipal ocupado ilegalmente". Además, ha asegurado que este desalojo es una "obligación legal" de la Corporación y ha advertido de que "la patada en la puerta no puede ser la forma de acceder a los recursos públicos". La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, a cuya movilización se han unido representantes de EH Bildu e Irabazi, sí ha calificado los hechos como un "desahucio" y ha denunciado que las familias recibido la notificación de desalojo "con nocturnidad y alevosía" sólo 12 horas antes de que se ejecutara su expulsión de la vivienda. Al respecto, Del Campo ha alegado que la policía local intentó la notificación cinco veces durante el día. Berri-Otxoak ha criticado además que "a dos personas el Ayuntamiento de Barakaldo les está desahuciando y dejando en la calle". En este caso concreto, la alcaldesa afirma que los servicios sociales le han concedido una ayuda económica para que hagan frente a un alquiler, pero los afectados no han recibido el dinero en su banco o bien ha quedado embargado por deudas anteriores, de las que casi la mitad del importe corresponde al Consorcio de Aguas. Amaia del Campo ha afirmado que estas familias no habían pedido ayudas sociales previamente a este caso y que "es difícil ayudar a quien no se deja ayudar". Así mismo ha sostenido que la defensoría del pueblo vasco —Ararteko— "da por buena toda la actuación de los técnicos del Ayuntamiento" en este expediente.
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