Las comunidades de vecinos tendrán a partir de ahora "seguridad jurídica" cuando pidan una subvención al Ayuntamiento de Barakaldo para que subvencione las obras de ascensores o fachadas, pero, a cambio, sólo recibirán ayuda cuando exista presupuesto suficiente. El equipo de Gobierno municipal (PNV) ha anunciado que, después de tres años, el consistorio tendrá finalmente, si lo acepta el pleno de mayoría opositora, una normativa que ajuste a la ley el programa de subvenciones, algo que los nacionalistas anunciaron que harían antes de fin de 2015. De cara a los vecinos, aumentan la "garantías legales" y se podrá tramitar con más agilidad que hasta ahora, cuando hay peticiones que sufren retrasos de más de un año en recibir el dinero. La otra cara de la moneda es que sólo hay subvenciones mientras haya dinero en presupuesto. Actualmente, todas las solicitudes recibían subvención —unos 10.000 euros por poner ascensor—, aunque el dinero llegaba con tardanza. Cuando entre en vigor la nueva norma, podrá ocurrir que unas comunidades tengan ayuda y otras no porque ya no quede presupuesto, según ha admitido el concejal de Urbanismo, Jonan Uría (PNV). La ordenanza llega tres años después de que el Ayuntamiento fuera consciente de que no cumplía la ley. El PNV gobernante, instado repetidamente por la oposición, aseguró ya en 2015 que estaba trabajando para ajustarse a Derecho y que antes de fin de ese año habría un texto, pero ha tardado más de un año en presentar su propuesta, que ahora entregará al resto de grupos políticos y que tendrá que someterse al pleno del Ayuntamiento, en donde los nacionalistas necesitan apoyo de otros partidos para poder sacar sus propuestas adelante. Uría ha señalado que las 40 comunidades que tienen pendiente cobrar estas ayudas tendrá que ajustarse a la nueva norma, aunque ha defendido que ello no supone su aplicación retroactiva.
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