Una vecina de Barakaldo de 38 años víctima de la violencia machista ha visto cómo la Diputación le retiraba la tutela de sus dos hijos menores debido a que la mujer carece de recursos económicos después de que hace ocho meses el servicio vasco de empleo Lanbide le suspendiera la renta de garantía de ingresos (RGI) con el argumento de que le faltaban documentación. Así lo ha denunciado la asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que se han concentrado ante la oficina de Lanbide en Beurko (Barakaldo) para denunciar las "malas prácticas y recortes sistemáticos" que aplica este organismo del Gobierno Vasco. La abogada de Argitan, Liz Quintana, ha alertado de las "situaciones sangrantes que afectan a personas en estados de extrema necesidad" debido a la actuación del servicio de empleo. En el caso concreto de Fátima, Lanbide le retiró la RGI con el argumento de que no había entregado documentos y pese a que la afectada tiene resguardos de que sí lo ha hecho.
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