La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha anunciado que habrá "resistencia civil" si se intenta ejecutar la orden del Ayuntamiento de Barakaldo de desalojar, a partir de este 31 de octubre, a una familia con cinco hijos que habita desde el 21 de septiembre en un piso municipal en la calle Murrieta que llevaba un año y medio vacío. "Desde el actual equipo municipal de Gobierno (PNV), las únicas actuaciones que se han realizado son criminalizar a las familias", advierten desde esta organización social, que además acusa de "incumplimiento de la legalidad" a los responsables del Consistorio porque, según asegura, no cumple la jurisprudencia en relación a los menores. En este caso, la familia tiene cinco hijos de entre cinco y 15 años, si bien esta última ha ido a vivir con un familiar ante las actuales circunstancias. "Las familias piden al equipo de Gobierno municipal dar marcha atrás en sus planes de desalojo y, como mínimo, se dispongan recursos habitacionales dignos, orientación laboral y recursos inmediatos y urgente para las necesidades más básicas". El edificio en donde habita la familia se encuentra a 10 metros del Banco de Alimentos pero no pueden acceder a él porque no se registra su empadronamiento ni se ha tramitado por parte de los servicios sociales.
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Nota de prensa de Berri-Otxoak
El pasado lunes 21 de septiembre tres familias de Barakaldo entraron en el antiguo centro de acogida a menores gestionado por la Diputación de Bizkaia; el cual llevaba cerrado casi 2 años. Son dos viviendas propiedad del Ayuntamiento de Barakaldo.
Hay que tener en cuenta que estas tres familias han accedido a estas viviendas debido a su situación de desempleo y precariedad laboral. Y encontrándose estas dos viviendas municipales vacías.
En concreto, R. N. P. de 38 años y S.M.L. -también de 38 años-, y actualmente con 4 hijos menores residiendo en estas dos viviendas municipales. Ella es desempleada y él trabaja en el Metro en situación de eventualidad; contratado solo en los momentos de mayor actividad del suburbano.
Además, se encuentran conviviendo en estos dos pisos municipales A. A. G. de 39 años desempleado y padre de un niño y una niña que no residen actualmente en este equipamiento; y L.E.H. de 37 años, desempleada y madre de 4 menores, los cuales no se encuentran en este recurso.
DECRETO DE ALCALDÍA DE DESAHUCIO
Ha pasado un mes desde la utilización de estas viviendas municipales vacías por parte de estas 3 familias en paro y empleos precarios. El pasado 21 octubre se comunicó a estas 3 familias el decreto de desalojo aprobado por la el equipo de gobierno donde la alcaldesa Amaia del Campo, cuyos ingresos anuales son de 87.000 euros.
Decreto de desahucio dictado sin dar derecho a recurso; dotar de una solución habitacional; o garantizar unas mínimas prestaciones que permitan subsistir o acceder a una vivienda en alquiler social. Decreto de desahucio que no indica que haya una preocupación o voluntad de querer buscar una solución con carácter de urgencia para que dispongan de un techo de manera continua, sino que agrava su situación. Y Decreto que no tiene en cuenta la presencia de menores en las viviendas municipales, saltándose todo deber de cuidado de los menores por parte de la administración local.
Cabe destacar que estas familias se dirigieron de forma voluntaria (hecho reconocido por el propio consistorio) a la Policía Municipal en el mismo momento que entraron en estas 2 viviendas municipales. Lo que ejemplifica su ánimo de buscar una salida transitoria a su imposibilidad de acceso a una vivienda digna producto de su situación de desempleo o puestos de trabajo en precario.
ACTUACIONES DEL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL
Entendemos como inexplicable la actuación del actual equipo de gobierno municipal. Ese mismo qué que decía en su programa municipal acabar con los recortes o ampliar los recursos para facilitar el acceso a las prestaciones para las familias de la localidad con dificultades para llegar a fin de mes. Y dotar de más competencias al Servicios de Urgencias Sociales.
Pero, una vez más, se demuestra que las promesas electorales son papel mojado cuando de los derechos sociales se trata. No así para el reparto de prebendas; auto-asignación de sueldos millonarios de cara a los corporativos municipales; o adjudicación a dedo de cargos de confianza con salarios astronómicos. Todo ello para mayor enriquecimiento del actual equipo de gobierno municipal; cuyo coste supone casi 2 millones de euros anuales a las arcas municipales para el pago de salarios y la seguridad social de los concejales liberados y asesores designados a dedo.
FAMILIAS DEMANDAN VIVIENDA, EMPLEO y RECURSOS PARA UNA VIDA DIGNA
Desde el actual equipo municipal de gobierno las únicas actuaciones que se han realizado es criminalizar a las familias que residen en el antiguo “Hogar Murrieta” para justificar políticamente su desalojo. Eso sí, sin buscar una solución habitacional, acceso a empleos públicos, orientación laboral o recursos básicos que les permitan llegar a fin de mes.
INCUMPLIMIENTOS DE LA LEGALIDAD
El actual equipo municipal (PNV) y su socio de gobierno (PSE) pretenden iniciar este proceso de desalojo sin tener en cuenta la jurisprudencia establecida a tal fin; sobre todo, en aras a preservar los derechos de los menores residentes en estas dos viviendas municipales.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
En primer lugar, ambos partidos, contravienen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el cual ha paralizado diferentes desahucios (Madrid, Sabadell…), “hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a los afectados. Más si cabe sí hay menores afectados por la actuación institucional de desalojo”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente situación de precariedad económica y exclusión social”. Además, remarcaba que “en interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento no se debe expulsar de la vivienda en la que residen para evitar un procedimiento lesivo para las personas que se encuentran en situación de necesidad”.
Defensor del Pueblo-Ararteko
Sin obviar la “Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 abril” donde se exhorta a las instituciones a “la obligada consideración del interés superior del menor en las políticas públicas”.
Legislación sobre empadronamiento
Sin hablar –a día de hoy- del incumplimiento del requisito de empadronamiento. Desde el registro municipal, a instancias de los partidos del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barakaldo, se incumple el “artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales [en la redacción dada por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre]” donde se señala taxativamente que “toda administración está obligada registrar en el padrón a aquella persona que resida en un determinado domicilio del municipio”.
DEMANDAS AL ÁREA DE ALCALDÍA y EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
Ante la actual situación provocada por una evidente carencia de recursos económicos; falta de un empleo estable y digno; o una alternativa habitacional duradera. Las familias que utilizan actualmente las dos viviendas vacías del antiguo centro de acogida “Hogar Murrieta” piden al equipo de gobierno municipal dar marcha atrás a sus planes de desalojo; y como mínimo que dispongan de disponer de recursos habitacionales dignos que les permita cubrir sus necesidades más básicas; a la orientación laboral que les permita acceder a un empleo de calidad; y a recursos inmediatos y con carácter de urgencia que cubran temporalmente sus necesidades más básicas.
CONSIDERACIÓN FINAL: DESOBEDIENCIA CIVIL ACTIVA CONTRA LOS DESAHUCIOS
Ante la realidad de recortes, incremento de desahucios en Barakaldo y el “Decreto de Alcaldía” de posibilitar el desalojo de las 3 familias residentes en las 2 viviendas municipales del “Hogar Murrieta”. Personas residentes en el barrio y diferentes colectivos sociales intentarán impedir a través de la desobediencia civil cualquier intento de desalojo por parte de la corporación municipal de estos dos inmuebles. Y de cualquier otro posible desahucio que se dé en la localidad.