El juzgado de primera instancia número 21 de Madrid ha condenado a las entidades financieras a devolver 1,8 millones de euros, más intereses legales y costas, a 76 excompradores de la hasta ahora frustrada promoción de vivienda de protección oficial Miralsur, en el barrio de Lutxana, en Barakaldo. Según ha informado la defensa de los ciudadanos, el despacho Majavilán, la justicia ha reiterado su criterio de que, ante el incumplimiento del plazo para que se construyeran los pisos, la entidad financiera debe reintegrar las cantidades —alrededor de 30.000 euros por persona– que se adelantaron a esta promoción en forma de cooperativa. La responsabilidad en este caso recae sobre el Banco Popular —La Caixa ha llegad a un acuerdo extrajudicial— porque, en contra de lo que ordena la ley, no exigió que el dinero anticipado se depositara en una cuenta especial y que existiera un seguro o garantía para el caso de que no se llegara a edificar en el periodo comprometido, de tres años que venció en 2011. "Porque (la entidad de crédito) supo o tuvo que saber que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la promoción, tenía la obligación legal de abrir una cuenta especial y separada, debidamente garantizada, y por no haberlo hecho incurrió en la responsabilidad específica que establece la Ley 57/1968" sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, recuerda la sentencia.
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